Las primeras comisiones ciudadanas de selección han sido conformadas en el plazo que se había previsto sobre la base de la Constitución y la Ley. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevó adelante estos procesos que contaron con una respuesta positiva de muchos ciudadanos y ciudadanas (más de 600) que tuvieron la iniciativa de participar y que estuvieron dispuestos a ejercer sus derechos de participación e incidir en la vida pública del Estado. Los miembros ciudadanos de las comisiones, para designar la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y a los y las vocales del Consejo de la Judicatura, podrán dar fe de ello.
Hicimos nuestro trabajo respetando toda la normativa vigente, garantizando los derechos de los postulantes, acogimos las impugnaciones procedentes por las cuales quedaron fuera de los concursos las personas sobre quienes había más de una duda sobre su probidad o que no cumplieron con todos los requisitos formales. Ha sido nuestro primer gran aporte en función de fortalecer la institucionalidad del Estado ecuatoriano, ahora serán los diez comisionados ciudadanos (cinco por comisión), junto a los delegados de las funciones del Estado, los encargados de llevar adelante los procesos para elegir al Fiscal y a los vocales de la Judicatura, y finalmente terminar con la transición.
Al igual que los diez comisionados y comisionadas, yo fui nombrada consejera en un proceso de participación que solo fue posible porque la Constitución, aprobada en 2008 por la más del 60% de la población, garantiza los derechos de participación de ciudadanos que no están ligados a los partidos políticos ni pertenecen a los sectores tradicionales que han dominado la vida institucional del país. Este es el derecho que estamos defendiendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: el que ciudadanos y ciudadanas que se han formado y trabajado por su comunidad, por su ciudad; que han liderado iniciativas que han favorecido a la población; que han impulsado la garantía y el pleno ejercicio de los derechos humanos; que provienen de distintas provincias del país y de los pueblos y nacionalidades tengan una opción real de incidir en el cambio del Estado.
Estos ciudadanos, los diez comisionados y comisionadas, llegaron a las comisiones porque pasaron por un proceso de selección y designación serio, público, abierto y transparente. No han sido designados a dedo, no pertenecen a ningún grupo de sabios, son ciudadanos que ejercieron sus derechos constitucionales y que llegaron por sus propios méritos.
Yo creo en esa participación, la defiendo y la respeto.
Hicimos nuestro trabajo respetando toda la normativa vigente, garantizando los derechos de los postulantes, acogimos las impugnaciones procedentes por las cuales quedaron fuera de los concursos las personas sobre quienes había más de una duda sobre su probidad o que no cumplieron con todos los requisitos formales. Ha sido nuestro primer gran aporte en función de fortalecer la institucionalidad del Estado ecuatoriano, ahora serán los diez comisionados ciudadanos (cinco por comisión), junto a los delegados de las funciones del Estado, los encargados de llevar adelante los procesos para elegir al Fiscal y a los vocales de la Judicatura, y finalmente terminar con la transición.
Al igual que los diez comisionados y comisionadas, yo fui nombrada consejera en un proceso de participación que solo fue posible porque la Constitución, aprobada en 2008 por la más del 60% de la población, garantiza los derechos de participación de ciudadanos que no están ligados a los partidos políticos ni pertenecen a los sectores tradicionales que han dominado la vida institucional del país. Este es el derecho que estamos defendiendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: el que ciudadanos y ciudadanas que se han formado y trabajado por su comunidad, por su ciudad; que han liderado iniciativas que han favorecido a la población; que han impulsado la garantía y el pleno ejercicio de los derechos humanos; que provienen de distintas provincias del país y de los pueblos y nacionalidades tengan una opción real de incidir en el cambio del Estado.
Estos ciudadanos, los diez comisionados y comisionadas, llegaron a las comisiones porque pasaron por un proceso de selección y designación serio, público, abierto y transparente. No han sido designados a dedo, no pertenecen a ningún grupo de sabios, son ciudadanos que ejercieron sus derechos constitucionales y que llegaron por sus propios méritos.
Yo creo en esa participación, la defiendo y la respeto.
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