El primer año de funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha estado marcado por el inicio de los concursos públicos para nombrar a las nuevas autoridades de control. Desde su posesión, el 18 marzo de 2010, el Pleno del Consejo definió como una prioridad empezar los concursos para terminar con el período de transición que vivía el país desde Montecristi. Previo a ello, había que diseñar la reglamentación que estableciera la manera en que debían llevarse a cabo los concursos en relación a las directrices fijadas en la Constitución y en las leyes orgánicas de Participación Ciudadana y del propio CPCCS.
Bajo esta perspectiva, el Pleno del Consejo aprobó 12 cuerpos legales entre reglamentos (10) e instructivos (2) para iniciar los procesos. Necesariamente era el primer paso que teníamos que dar y que llevó su tiempo, porque era preciso debatir, consensuar y aprobar las reglas para que las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar conocieran las condiciones.
El 27 de julio de 2010, el Consejo dio la señal de partida con la convocatoria a las veedurías ciudadanas que vigilarían los procesos. A partir de entonces, la reacción de la ciudadanía fue positiva: durante las dos semanas que duró la convocatoria, hubo 2435 preinscritos a nivel nacional y 44 a nivel internacional, al final 1166 cumplieron con todos los requisitos para participar como veedores.
Fue decidora la respuesta ciudadana, porque evidenciaba que el interés de la gente por incidir en las decisiones del Estado es real. Los ecuatorianos quieren ser parte del cambio, de esta otra manera de hacer las cosas, porque en sí, la gente no quiere que el Estado decida a sus espaldas, quiere mirar, quiere estar, y el Consejo es una de las herramientas que facilitan el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas.
Una vez conformadas las veedurías para los concursos de selección de autoridades, empezamos una suerte de cruzada por el país para motivar a la gente a que se inscriba en las comisiones ciudadanas. Personalmente estuve en 8 ciudades explicando la propuesta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar a las nuevas autoridades.
Era mi obligación salir, hablar con la ciudadanía, decirle lo importante que es para el país que participe, que ponga en práctica sus derechos de participación. ¿Cómo se fortalece la democracia si los ciudadanos no están presentes? No bastan el mandato constitucional ni las leyes, porque sería una democracia de papel. Lo que marca la diferencia es que la gente tenga entereza, se involucre, vigile, decida y eso solo logra ejerciendo, exigiendo sus derechos. Además, está la obligación del Estado y en este caso del Consejo, de promover la participación, por eso, mi decisión de llevar el mensaje de participación a la ciudadanía.
El 1 de octubre de 2010 se hizo pública la convocatoria para integrar las comisiones ciudadanas que elegirían a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y a los y las vocales del Consejo de la Judicatura. Tengo que exaltar la respuesta de la ciudadanía, pues en 15 días, tuvimos 1643 personas preinscritas de 23 provincias y 8 del exterior. Del total de postulantes, 686 personas quedaron inscritas, es decir, presentaron sus documentos: 446 para conformar la comisión ciudadana de la Judicatura y 240 para la comisión para Fiscal.
El proceso terminó el 13 de enero de 2011, con el sorteo de las comisionadas y comisionados ciudadanos que deberán elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Estos concursos, si bien son inéditos, reafirman dos hechos significativos: la ciudadanía tiene entereza de ejercer sus derechos de partición y el Consejo es una de las herramientas que tiene la ciudadanía para ejercer la participación.
Estos ciudadanos, los diez comisionados y comisionadas, llegaron a las comisiones porque pasaron por un proceso de selección y designación serio, público, abierto y transparente. No han sido designados a dedo, no pertenecen a ningún grupo de sabios, son ciudadanos que ejercieron sus derechos constitucionales y que llegaron por sus propios méritos.
A la fecha de este informe de rendición de cuentas, están abiertos cuatro concursos: para elegir tres comisiones ciudadanas que nombrarán a las primeras autoridades de la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Electoral. Y uno para el concurso de oposición y méritos que nombrará a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
El otro trabajo
Desde el día de su posesión -18 de marzo de 2010 hasta el 17 de marzo de 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha realizado 88 sesiones entre ordinarias, extraordinarias y reservadas, lo que significa al menos una reunión por semana. Durante este período, el Pleno también aprobó 7 cuerpos legales para reglamentar la gestión en relación a las otras responsabilidades constitucionales del Consejo. Estos reglamentos norman las actividades del Pleno, la adminsitración del personal, las investigaciones de las denuncias de presunta corrupción, la conformación de veedurías ciudadanas para temas distintos a los concursos, entre otros.
Este también ha sido un año de construcción del Consejo, de crear una institución -que nació con rezagos de anteriores entidades- capaz de asumir la promoción de la participación ciudadana y la lucha por la transparencia. Para ello, el Pleno del Consejo aprobó su planificación estratégica con dos objetivos esenciales:
1. Promover y estimular la participación activa de la ciudadanía en todos los niveles de la gestión pública, mediante enfoques de territorialidad, plurinacionalidad, de género y generacional, para la construcción efectiva del poder ciudadano
2. Promover y desarrollar mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción dentro de las instituciones del estado y personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios de interés público o manejen recursos públicos, con enfoque participativo, territorial, intercultural, plurinacional, de género y generacional.
En esa misma línea, camina el proyecto de desconcentración del Consejo sobre la base de la Ley del CPCCS que determina que debe funcionar como una institución desconcentrada en las 24 provincias. A inicios del 2011, el Pleno aprobó que el proceso de desconcentración empezara en siete provincias: Azuay, Bolívar, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí y Orellana. Los pasos caminan hacia la construcción de un marco legal y luego a la propuesta de implementación que estarán listos en mayo aproximadamente.
Estos son los primeros pasos en firme que damos para la construcción de la nueva institucionalidad que apunta a combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y promover la participación ciudadana. Este nuevo año vamos a continuar en esta línea que se ampara en el mandato constitucional y que se encamina al fortalecimiento de la democracia.
