Discurso de cierre en en el seminario “Las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción en América Latina” realizado el 9 y 10 de dicidembre en Quito, por iniciativa de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la corrupción del CPCCS.
Las diferentes experiencias en la lucha contra la corrupción de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil y Ecuador, son experiencias que fortalecen la democracia y fomentan la participación ciudadana en el control de la cosa pública, generando cada vez más poder ciudadano…
Así mismo, Ecuador, en su ardua lucha por la transparencia y contra la corrupción, que se inicia en la sociedad civil y termina con la definición de una nueva institucionalidad descrita en la nueva Constitución aprobada en referéndum en el 2008 por el pueblo ecuatoriano, nos describe un escenario alentador donde la participación ciudadana es el eje para los cambios por lograr.
UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD ECUATORIANA:
El artículo 1 de nuestra nueva Constitución de la República establece:
Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.
Este ejercicio soberano del pueblo, es en sí mismo el poder que la ciudadanía deposita en los mandantes, y según esta misma constitución el pueblo es el primer fiscalizador de la administración pública en todos los niveles, además de co-gestor del Estado, lo cual está estrechamente vinculado con la lucha contra la corrupción.
El Art. 204 de la misma Constitución, nos dice: …”El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.”
Las instituciones públicas se convierten entonces en las co-gestoras de la cosa pública y garantes de derechos y proveedoras de oportunidades a la ciudadanía.
Para garantizar esto, la nueva Constitución crea aparte de las tradicionales funciones del Estado (ejecutiva, legislativa y judicial) dos nuevas funciones: la Electoral y la de Transparencia y Control Social.
Entre los deberes y atribuciones de la Instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social se encuentra la formulación de políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y la articulación de la formulación del Plan Nacional de lucha contra la corrupción, lo que en cumplimiento con el mandato constitucional se ha realizado.
Los aspectos fundamentales del Plan son:
• La construcción de un Sistema Nacional de Transparencia y Control Social, con el Subsistema de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que permita la operatividad de las políticas que formulará la Función de Transparencia, concebido desde la corresponsabilidad de todos los actores involucrados, sus ámbitos y competencias.
• Convocar a actores institucionales y sociales a debatir y analizar los problemas y avances del país, desde sus ámbitos y competencias, a fin de consensuar y articular el Plan Nacional de Lucha contra Corrupción. Estas materias serían:
o Transparencia y acceso a la información pública.
o Control institucional y social de lo público
o Participación ciudadana en el combate y prevención a la corrupción.
o Seguridad jurídica
o Combate a la Impunidad
o Gestión de lo público eficaz, eficiente y de calidad
o Ética en la gestión de lo público
o Responsabilidad Social del Estado y demás actores sociales sobre los efectos causados en el ámbito de lo público
Este proceso de construcción contempla varias etapas en las cuales la participación ciudadana es un elemento clave, luego de lo cual se construirá el Plan Nacional de lucha contra la corrupción sobre la base de un acuerdo nacional para su implementación.
EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
Dentro de esta función de Transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la nueva institucionalidad encargada de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y designar a las autoridades, contando con la ciudadanía, que les correspondan de acuerdo con la Constitución y la ley.
Es así que, la participación ciudadana, transversalizada en toda la constitución, actualmente cuenta con una serie de normativas y leyes de reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional como son:
1. El código de la democracia
2. El código de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización
3. La ley orgánica de participación ciudadana
4. La ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
5. La Ley de Servicio Público
6. El código de planificación y finanzas públicas
Donde se explicitan la serie de espacios de participación que posibilitan que la ciudadanía esté presente en todo el ciclo de la gestión pública del Estado Ecuatoriano, vigilando, aportando, deliberando, fiscalizando, e interviniendo directamente en la gestión mismo.
De esta manera, nuestro nuevo marco normativo contempla cerca de 30 espacios de participación ciudadana que permiten una activa intervención de la ciudadanía en pro de construir y consolidar poder popular, abriendo la posibilidad que la sociedad en ejercicio de su derecho a la participación irá generando progresivamente nuevos espacios. Entre los espacios normados están:
1. Los espacios para ejercer democracia directa, como:
o Iniciativa Popular Normativa
o Consulta Popular
o Enmienda Constitucional a través del Referendum por iniciativa popular
o Reforma Constitucional
o Consulta popular para la convocatoria a asamblea constituyente
o Revocatoria del mandato
2. Los espacios de co-participación en la gestión del Estado, como:
o Audiencias Públicas
o Agendas Públicas en todas las instituciones del Estado para consultas temáticas a la ciudadanía
o Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir
o Consejos Nacionales para la Igualdad
o Consejos Ciudadanos Sectoriales
o Consulta Previa Libre e Informada
o Consulta Ambiental a la Comunidad
o Consejos Consultivos
o Presupuestos participativos
o Asambleas locales
o Asambleas en las circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias
o Instancias varias de participación en todos los niveles de gobierno (con denominaciones aun por construir)
o Consejos Locales de Planificación
o Cabildos Populares
o La Silla Vacía en los gobiernos autónomos y descentralizados
o Comisiones ciudadanas de selección de autoridades del Estado
3. Los espacios para ejercer Control Social, como:
o Veedurías Ciudadanas
o Observatorios Ciudadanos
o Instancias de escrutinio público de candidaturas a autoridades del Estado e impugnación ciudadana.
o Rendición de Cuentas
o Derecho y garantía constitucional de acceso a la Información Pública.
o Democracia Electrónica
Esto, sin tomar en cuenta la existencia de leyes como la nueva Ley de Contratación Pública que crea el Sistema Nacional de Compras Públicas, el cual promueve la transparencia en la Contratación Pública.
Es decir, la experiencia ecuatoriana en la lucha contra la corrupción está por el camino de la inclusión de los ciudadanos en la vigilancia monitoreo de la gestión de sus mandatarios, con mecanismos y procedimientos que la viabilizan y que si bien no son de sencilla implementación, poco a poco van calando en la conciencia de la población.
El Consejo de Participación Ciudadana es una institución que se construye día a día, nuestra posesión como consejeros inició en Marzo de este año 2010, sin embargo esta novísima institucionalidad ha generado muchas expectativas y ha dado nuevas esperanzas de cambio a la población ecuatoriana para juntos construir un país mejor.
Las experiencias que nos han contado estos dos días nos convocan a comprometernos de una vez por todas a luchar de forma activa contra la corrupción, a vigilar que los escasos recursos de nuestros pueblos se direcciones a satisfacer las más urgentes necesidades de las mujeres y los hombres latinoamericanos.
La experiencia ecuatoriana para muchos podría ser un sueño por convertirse en realidad… el sueño de un país donde la transparencia y la ética pública sean el pan de todos los días; donde cada ecuatoriano que trabaje en el Estado o que maneje fondos públicos, nunca jamás piense que éstos son para su enriquecimiento personal, sino que se sienta de inicio a fin, un servidor de la comunidad; un estado donde la ciudadanía se convierte en el vigilante y permanente garante de la pulcritud en el manejo de lo público.
Pero este sueño, aún está en escrito sobre papel en las leyes… falta mucho, muchísimo por construir en las 8 secretarías nacionales adjuntas a la Presidencia de la República, en los 7 ministerios coordinadores, en los 20 ministerios ejecutores con sus respectivas instituciones, en las 4 restantes funciones del estado con sus respectivas instituciones, en las 24 prefecturas de las provincias del país, en las 221 municipalidades, en los 797 juntas parroquiales.
Esta gran tarea por venir, no significa que debemos dejar de soñar, sino que debemos soñar diferente, tal como enunció Mahatma Gandhi: “Realmente soy un soñador práctico; mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad”.
