Hoy el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizó el primer debate del Reglamento para designar a las Comisiones Ciudadanas que serán las responsables de elegir a las autoridades de control mediante concurso de oposición y merecimientos. Es decir, cinco representantes del Estado y cinco representantes de la ciudadanía van a ser quienes nombren al Fiscal, Consejo de la Judicatura, Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público…
Los candidatos que provengan de la ciudadanía deberán participar en un concurso de merecimientos que consta de tres partes básicas: pasar la faceta de cumplimiento de requisitos formales; recibir una puntuación por su participación social, académica, formativa, organizativa, etc.; y, pasar por el escrutinio público, es decir, los candidatos y candidatas deberán someterse a un proceso de impugnaciones como una de las formas más relevantes de garantizar que sean ciudadanas y ciudadanos probos quienes sean designados.
El resultado de este proceso es que 30 personas de la sociedad civil ecuatoriana serán elegidas respetando el orden de prelación, paridad y alternancia. Estas 30 personas, mujeres y hombres, serán sometidas a un sorteo público del cual saldrán los cinco comisionados(as) de la ciudadanía.
En las comisiones ciudadanas también estarán cinco delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Control Social y Electoral. Sus nombres también estarán bajo el escrutinio público, no se integrarán a las Comisiones si su probidad notoria está en duda, si sobre él o ella hay sospechas de procedimientos que pudieran haberse dado al margen de la Ley, si hay denuncias de violencia familiar sancionadas o si no han pagado las pensiones de sus hijos, es decir, que ser candidatos de las funciones del Estado no significa que automáticamente serán designados comisionados.
Además de las impugnaciones públicas, la designación de las comisiones ciudadanas estarán vigiladas por veedurías ciudadanas nacionales y, si es posible, internacionales. Estas veedurías funcionarán bajo el reglamento que aprobó el Pleno del Consejo el 16 de junio pasado y tendrán como misión observar todo el proceso, ser los ojos de la ciudadanía, aportar a la transparencia y denunciar irregularidades si fuera el caso.
El proceso será público y abierto a la sociedad en general, a las veedurías, a los medios de comunicación; la información será de fácil acceso. La ciudadanía no puede dejar solo al Consejo en este proceso ni en ningún otro. Su participación es vital para garantizar la transparencia, su participación es vital para legitimar lo que constitucional y legalmente ha sido establecido.
Los candidatos que provengan de la ciudadanía deberán participar en un concurso de merecimientos que consta de tres partes básicas: pasar la faceta de cumplimiento de requisitos formales; recibir una puntuación por su participación social, académica, formativa, organizativa, etc.; y, pasar por el escrutinio público, es decir, los candidatos y candidatas deberán someterse a un proceso de impugnaciones como una de las formas más relevantes de garantizar que sean ciudadanas y ciudadanos probos quienes sean designados.
El resultado de este proceso es que 30 personas de la sociedad civil ecuatoriana serán elegidas respetando el orden de prelación, paridad y alternancia. Estas 30 personas, mujeres y hombres, serán sometidas a un sorteo público del cual saldrán los cinco comisionados(as) de la ciudadanía.
En las comisiones ciudadanas también estarán cinco delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Control Social y Electoral. Sus nombres también estarán bajo el escrutinio público, no se integrarán a las Comisiones si su probidad notoria está en duda, si sobre él o ella hay sospechas de procedimientos que pudieran haberse dado al margen de la Ley, si hay denuncias de violencia familiar sancionadas o si no han pagado las pensiones de sus hijos, es decir, que ser candidatos de las funciones del Estado no significa que automáticamente serán designados comisionados.
Además de las impugnaciones públicas, la designación de las comisiones ciudadanas estarán vigiladas por veedurías ciudadanas nacionales y, si es posible, internacionales. Estas veedurías funcionarán bajo el reglamento que aprobó el Pleno del Consejo el 16 de junio pasado y tendrán como misión observar todo el proceso, ser los ojos de la ciudadanía, aportar a la transparencia y denunciar irregularidades si fuera el caso.
El proceso será público y abierto a la sociedad en general, a las veedurías, a los medios de comunicación; la información será de fácil acceso. La ciudadanía no puede dejar solo al Consejo en este proceso ni en ningún otro. Su participación es vital para garantizar la transparencia, su participación es vital para legitimar lo que constitucional y legalmente ha sido establecido.
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