El tiempo de las impugnaciones llegó

Este viernes, el Consejo hizo público los 60 nombres de los postulantes, hombres y mujeres, que se presentaron a los concursos de Méritos para conformar las comisiones ciudadanas que designarán a las principales autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado. Por cada comisión hay 30 candidatos que obtuvieron los puntajes más altos, hasta un máximo de 50 puntos, en la calificación de sus expedientes.
Ha sido un trabajo arduo, en el que el Consejo ha hecho su mejor esfuerzo para lograr que realmente los mejores candidatos y candidatas lideren las listas. Esta experiencia también nos ha permitido constatar que ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el país, con sus luchas, se quedaron en el camino por razones tan simples como no notariar la documentación o no incluir en sus expedientes los documentos de respaldo suficientes como lo exige el Reglamento para estos concursos. Son formalidades, es cierto, pero era obligación de todos los candidatos cumplirlas y nuestra aplicar en estricto rigor las normas establecidas.
Finalmente, tenemos un listado de postulantes que lideran estos concursos y que ahora deben ser sometidos a impugnación pública. Sus nombres, que circularán en la prensa y en todos los espacios de comunicación posibles, deben convocar el interés de la ciudadanía para que de ser el caso los impugne documentadamente.
Como lo dijimos en agosto pasado, cuando inició este proceso con la inscripción de veedurías, la participación ciudadana es necesaria para el cambio de la institucionalidad pública. Más de 600 personas se postularon para los concursos, más de 1600 personas se inscribieron para las veedurías, lo que significa que han sido buenas señales que afirman nuestro compromiso.

La nueva institucionalidad del Estado ecuatoriano como instrumento para la transparencia y la lucha contra la corrupción

Discurso de cierre en en el seminario “Las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción en América Latina” realizado el 9 y 10 de dicidembre en Quito, por iniciativa de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la corrupción del CPCCS.

Las diferentes experiencias en la lucha contra la corrupción de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil y Ecuador, son experiencias que fortalecen la democracia y fomentan la participación ciudadana en el control de la cosa pública, generando cada vez más poder ciudadano…

Así mismo, Ecuador, en su ardua lucha por la transparencia y contra la corrupción, que se inicia en la sociedad civil y termina con la definición de una nueva institucionalidad descrita en la nueva Constitución aprobada en referéndum en el 2008 por el pueblo ecuatoriano, nos describe un escenario alentador donde la participación ciudadana es el eje para los cambios por lograr.

UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD ECUATORIANA:
El artículo 1 de nuestra nueva Constitución de la República establece:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Este ejercicio soberano del pueblo, es en sí mismo el poder que la ciudadanía deposita en los mandantes, y según esta misma constitución el pueblo es el primer fiscalizador de la administración pública en todos los niveles, además de co-gestor del Estado, lo cual está estrechamente vinculado con la lucha contra la corrupción.

El Art. 204 de la misma Constitución, nos dice: …”El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.”

Las instituciones públicas se convierten entonces en las co-gestoras de la cosa pública y garantes de derechos y proveedoras de oportunidades a la ciudadanía.

Para garantizar esto, la nueva Constitución crea aparte de las tradicionales funciones del Estado (ejecutiva, legislativa y judicial) dos nuevas funciones: la Electoral y la de Transparencia y Control Social.
Entre los deberes y atribuciones de la Instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social se encuentra la formulación de políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y la articulación de la formulación del Plan Nacional de lucha contra la corrupción, lo que en cumplimiento con el mandato constitucional se ha realizado.
Los aspectos fundamentales del Plan son:
• La construcción de un Sistema Nacional de Transparencia y Control Social, con el Subsistema de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que permita la operatividad de las políticas que formulará la Función de Transparencia, concebido desde la corresponsabilidad de todos los actores involucrados, sus ámbitos y competencias.
• Convocar a actores institucionales y sociales a debatir y analizar los problemas y avances del país, desde sus ámbitos y competencias, a fin de consensuar y articular el Plan Nacional de Lucha contra Corrupción. Estas materias serían:
o Transparencia y acceso a la información pública.
o Control institucional y social de lo público
o Participación ciudadana en el combate y prevención a la corrupción.
o Seguridad jurídica
o Combate a la Impunidad
o Gestión de lo público eficaz, eficiente y de calidad
o Ética en la gestión de lo público
o Responsabilidad Social del Estado y demás actores sociales sobre los efectos causados en el ámbito de lo público
Este proceso de construcción contempla varias etapas en las cuales la participación ciudadana es un elemento clave, luego de lo cual se construirá el Plan Nacional de lucha contra la corrupción sobre la base de un acuerdo nacional para su implementación.

EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
Dentro de esta función de Transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la nueva institucionalidad encargada de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y designar a las autoridades, contando con la ciudadanía, que les correspondan de acuerdo con la Constitución y la ley.
Es así que, la participación ciudadana, transversalizada en toda la constitución, actualmente cuenta con una serie de normativas y leyes de reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional como son:
1. El código de la democracia
2. El código de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización
3. La ley orgánica de participación ciudadana
4. La ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
5. La Ley de Servicio Público
6. El código de planificación y finanzas públicas
Donde se explicitan la serie de espacios de participación que posibilitan que la ciudadanía esté presente en todo el ciclo de la gestión pública del Estado Ecuatoriano, vigilando, aportando, deliberando, fiscalizando, e interviniendo directamente en la gestión mismo.
De esta manera, nuestro nuevo marco normativo contempla cerca de 30 espacios de participación ciudadana que permiten una activa intervención de la ciudadanía en pro de construir y consolidar poder popular, abriendo la posibilidad que la sociedad en ejercicio de su derecho a la participación irá generando progresivamente nuevos espacios. Entre los espacios normados están:
1. Los espacios para ejercer democracia directa, como:
o Iniciativa Popular Normativa
o Consulta Popular
o Enmienda Constitucional a través del Referendum por iniciativa popular
o Reforma Constitucional
o Consulta popular para la convocatoria a asamblea constituyente
o Revocatoria del mandato

2. Los espacios de co-participación en la gestión del Estado, como:
o Audiencias Públicas
o Agendas Públicas en todas las instituciones del Estado para consultas temáticas a la ciudadanía
o Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir
o Consejos Nacionales para la Igualdad
o Consejos Ciudadanos Sectoriales
o Consulta Previa Libre e Informada
o Consulta Ambiental a la Comunidad
o Consejos Consultivos
o Presupuestos participativos
o Asambleas locales
o Asambleas en las circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias
o Instancias varias de participación en todos los niveles de gobierno (con denominaciones aun por construir)
o Consejos Locales de Planificación
o Cabildos Populares
o La Silla Vacía en los gobiernos autónomos y descentralizados
o Comisiones ciudadanas de selección de autoridades del Estado

3. Los espacios para ejercer Control Social, como:
o Veedurías Ciudadanas
o Observatorios Ciudadanos
o Instancias de escrutinio público de candidaturas a autoridades del Estado e impugnación ciudadana.
o Rendición de Cuentas
o Derecho y garantía constitucional de acceso a la Información Pública.
o Democracia Electrónica

Esto, sin tomar en cuenta la existencia de leyes como la nueva Ley de Contratación Pública que crea el Sistema Nacional de Compras Públicas, el cual promueve la transparencia en la Contratación Pública.
Es decir, la experiencia ecuatoriana en la lucha contra la corrupción está por el camino de la inclusión de los ciudadanos en la vigilancia monitoreo de la gestión de sus mandatarios, con mecanismos y procedimientos que la viabilizan y que si bien no son de sencilla implementación, poco a poco van calando en la conciencia de la población.
El Consejo de Participación Ciudadana es una institución que se construye día a día, nuestra posesión como consejeros inició en Marzo de este año 2010, sin embargo esta novísima institucionalidad ha generado muchas expectativas y ha dado nuevas esperanzas de cambio a la población ecuatoriana para juntos construir un país mejor.
Las experiencias que nos han contado estos dos días nos convocan a comprometernos de una vez por todas a luchar de forma activa contra la corrupción, a vigilar que los escasos recursos de nuestros pueblos se direcciones a satisfacer las más urgentes necesidades de las mujeres y los hombres latinoamericanos.
La experiencia ecuatoriana para muchos podría ser un sueño por convertirse en realidad… el sueño de un país donde la transparencia y la ética pública sean el pan de todos los días; donde cada ecuatoriano que trabaje en el Estado o que maneje fondos públicos, nunca jamás piense que éstos son para su enriquecimiento personal, sino que se sienta de inicio a fin, un servidor de la comunidad; un estado donde la ciudadanía se convierte en el vigilante y permanente garante de la pulcritud en el manejo de lo público.
Pero este sueño, aún está en escrito sobre papel en las leyes… falta mucho, muchísimo por construir en las 8 secretarías nacionales adjuntas a la Presidencia de la República, en los 7 ministerios coordinadores, en los 20 ministerios ejecutores con sus respectivas instituciones, en las 4 restantes funciones del estado con sus respectivas instituciones, en las 24 prefecturas de las provincias del país, en las 221 municipalidades, en los 797 juntas parroquiales.
Esta gran tarea por venir, no significa que debemos dejar de soñar, sino que debemos soñar diferente, tal como enunció Mahatma Gandhi: “Realmente soy un soñador práctico; mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad”.

25 de noviembre

Cada año, cada 25 de noviembre, cada 8 de marzo, cada 10 de diciembre hacemos el balance: ¿cómo estamos las mujeres?, ¿cuánto hemos avanzado? Las respuestas son tan duras que el optimismo se vuelve un reto: aún las mujeres somos las más pobres de los pobres, aún la violencia nos acosa, aún la muerte materna tiene varios ceros a la derecha, aún la participación política es débil, aún…
Las cifras son una evidencia: el 32,3% de asambleístas son mujeres, el 6,3% de alcaldes son mujeres, el 87% de las denuncias de violencia son de mujeres, el 52% de los pobres son mujeres. Saldos rojos todavía. Aquello de que la deuda social, política y económica de las mujeres son una brecha enorme, son una deuda histórica, son una muestra de la desigualdad, de la injusticia, sigue siendo cierto.
Es verdad, hemos avanzado y mucho. Negarlo sería desconocer el trabajo de las mujeres que estuvieron antes que nosotras, de todas las manuelas, las hipatias, las nelas, las marías, las madres, las hermanas, las hijas, las tantas mujeres que nos han permitido estar en lugar en el que estamos. A fuerza de lucha, de principios, de ideales, a fuerza de lo que somos y hemos sido siempre, empezamos a contar con estadísticas alentadoras: el gabinete presidencial está compuesto por un 42% de mujeres y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de un 57% de mujeres: de siete miembros, cuatro somos mujeres.
Sin embargo, tengo que decir que para mí las cifras no son suficientes. En este momento político que vive nuestro país, hace falta que seamos, que estemos en cantidad porque es muestra de la participación, pero a esa cantidad hay que impregnarle mayor calidad política, técnica, humana y ética. No nos perdamos en las cifras, no por llegar, no por estar, debemos pagar un costo alto e injusto
Tenemos que marcar la historia de este nuevo siglo, mejor de lo que hemos venido haciendo, con la misma pasión y la misma inteligencia con la actuaron las mujeres libertarias que nos abrieron el camino. Mi compromiso con las mujeres, con mi país, es seguir firme, luchando por nuestros derechos, fortaleciendo la política, consolidando la democracia para que las mujeres que vienen detrás nuestro encuentro una patria más justa, más equitativa, más solidaria.

La etapa de méritos empezó

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó los informes que elaboraron los equipos técnicos para la conformación de las comisiones ciudadanas de Selección que designarán a la primera autoridad de la Fiscalía y a los y las vocales del Consejo de la Judicatura. De acuerdo a la Ley y al Instructivo que rigen los concursos, los postulantes tenían tres días de plazo para pedir la reconsideración de su calificación de requisitos formales y así lo hicieron: 23 por la Fiscalía y 80 por la Judicatura.
El trabajo de los equipos técnicos consistió en analizar las reconsideraciones y remitirse a los expedientes para constatar la documentación, sobre la base de reglamentación vigente para los concursos. Los resultados fueron los siguientes: las 23 reconsideraciones en la Comisión de Fiscalía fueron rechazadas, mientras que de las 80 reconsideraciones en la Comisión de la Judicatura fueron aceptadas 9, por cuanto el Equipo Técnico verificó que los postulantes no tuvieran deudas en firme con el SRI.
Al momento, los concursos han cumplido dos fases: admisibilidad y reconsideración que han dado como resultado que 169 postulantes para la Comisión Ciudadana de la Fiscalía y 254 para la Comisión Ciudadana del Consejo de la Judicatura pasen a la etapa de calificación de méritos que empieza este viernes 19 de noviembre.
En esta fase se analizarán la experiencia, la participación, el conocimiento, el liderazgo y la iniciativa de los y las postulantes. De ese análisis se obtendrá la nómina de los mejores puntuados que luego serán sometidos a escrutinio público para que la ciudadanía impugne a las personas que no considere idóneas para formar parte de las comisiones ciudadanas que nombrarán a las autoridades de la Fiscalía y Judicatura.
Quienes superen la fase de impugnación irán a un sorteo público de donde saldrán los delegados y delegadas de la ciudadanía (son cinco por cada comisión), que trabajarán conjuntamente con los delegados(as) de las cinco funciones del Estado.
Nuestro trabajo continúa, vamos paso a paso cumpliendo la Ley y garantizando los derechos de participación de los ciudadanos(as). Vamos fortaleciendo este nuevo sistema de nombrar autoridades, donde la voz y la presencia de la ciudadanía marcan la pauta.

Las funciones del Estado enviaron los nombres de sus delegados

Hoy, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentó los nombres de los delegados y delegadas de las cinco funciones del Estado que serán parte de las dos comisiones ciudadanas que nombrarán a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y a los y las vocales del Consejo de la Judicatura.
Son 20 delegados, entre principales y suplementes: 10 mujeres y 10 hombres que deben cumplir con los mismos requisitos que los postulantes de los concursos por méritos que este momento está llevando adelante el Consejo. Es importante resaltar que se ha cumplido con la obligación constitucional de paridad de género y que incluso, 6 de los 10 delegados principales son mujeres.
De acuerdo a la Ley, los 20 delegados y delegadas deben someterse a un proceso de impugnación como un requisito para comprobar su probidad. Sus nombres se publicarán en los medios de comunicación para el conocimiento de la ciudadanía y que para que de ser el caso impugne a quienes considere que no deben ser parte de este proceso.
Este es un tiempo importante para la institucionalidad pública, pues estamos avanzando en el nombramiento de las nuevas autoridades de control. Ya contamos con los nombres de los delegados y delegadas del Estado y estamos a pocas horas de conocer los nombres de las personas admitidas en la primera etapa de los concursos de méritos para conformar las dos comisiones ciudadanas.
Se trata de un proceso inédito en el Ecuador, pues cinco representantes del Estado y cinco de la ciudadanía tendrán la posibilidad de llevar adelante los concursos de oposición y méritos, y elegir a profesionales con la talla que el país requiere para dirigir la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Sin duda este es nuestro tiempo, el tiempo de la ciudadanía.

Delegados y delegadas de las cinco funciones del Estado

686 candidatos y candidatas para conformar las comisiones ciudadanas

Hoy, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inicia una nueva etapa para la conformación de las comisiones ciudadanas que designarán a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y a los y las vocales del Consejo de la Judicatura.
Esta etapa arrancó el 1 de octubre con la inscripción de los candidatos y candidatas de la ciudadanía y continuará hasta la posesión de las comisiones prevista para diciembre de este año. Desde hoy, dos comisiones técnicas con un equipo operativo cada una, verificarán si los 686 postulantes cumplieron con los requisitos exigidos por el Consejo sobre la base de la Constitución y la Ley.
Se trata de una etapa de admisibilidad que implicará única y exclusivamente la comprobación de los requisitos formales que los y las postulantes debían presentar. Una vez terminada la revisión de las carpetas, las comisiones técnicas emitirán, cada una, un informe al Pleno del Consejo para su conocimiento.
El Consejo sigue avanzando en su obligación constitucional de llevar adelante los concursos públicos con vigilancia ciudadana, para designar a las nuevas autoridades de control y superar el período de transición en el que está inmerso el país. Exaltamos la respuesta de la ciudadanía, pues en 15 días, tuvimos 1643 personas preinscritas de 23 provincias del país y 8 del exterior. Del total de postulantes, 686 personas quedaron inscritas, es decir, presentaron sus documentos: 446 para conformar la comisión ciudadana que designará a los vocales de la Judicatura y 240 para la comisión que designará a la primera autoridad de la Fiscalía. No obstante, esta cifra no incluye todavía los inscritos en el exterior.

4 días informando a las mujeres

Los eventos de socialización de los concursos para conformar las comisiones ciudadanas se llevaron adelante entre el 7 y 11 de octubre. En esta fotograrfía están las compañeras que asistieron al encuentro de Machala que se realizó el 7 de octubre.

La participación de las mujeres

Desde que se realizó la convocatoria pública para los concursos de conformación de las comisiones ciudadanas, que designarán a las autoridades de control, el Consejo ha llevado adelante varios actos públicos motivando a la participación de las mujeres. Los eventos se han realizado en Ambato, Machala, Cuenca y Quito, entre el 7 y el 11 de octubre, con mujeres dirigentes de barrios, mujeres políticas, de organizaciones sociales o ciudadanas en general que están interesadas en el cambio institucional de nuestro país.
Para mí han sido encuentros motivadores que evidencian, una vez más, que la lucha de las mujeres no termina. Yo soy consejera, porque antes de mí, muchas mujeres abrieron el camino conquistando nuestros derechos. Por esas mujeres, por las de ahora que continúan, que continuamos luchando, tenemos que seguir impulsando la participación que no es otra cosa que el ejercicio pleno de nuestros derechos. Una joven de Esmeraldas, plenamente decidida a participar, nos decía en el encuentro de Quito que “las mujeres debemos estar muy atentas, la Constitución nos da todo”. “Apoyemos a las mujeres”, decía otra. “Las mujeres garantizamos transparencia”.
Al encuentro de Machala llegaron más de cien mujeres con muchas preguntas que provocaron que el evento durara casi ocho horas. Fueron mujeres muy críticas, a rato duras, pero con un afán democrático que me llené de esperanza. Pensé que si alguna de ellas, si muchas ellas fueran elegidas comisionadas o autoridades, realmente nuestro país estaría en buenas manos. Y si sumamos a las mujeres de Ambato, de Cuenca, de Quito, de Loja, de Guayaquil, de todas las ciudades donde habitan miles de mujeres interesadas en la transformación definitiva de la institucionalidad pública, entonces las posibilidades de que el Ecuador fortalezca la democracia serían aún mayores.
No hemos llegado a donde estamos por el solo hecho de ser mujeres. Estamos donde estamos porque hemos luchado, porque es una lucha histórica que no termina, porque estamos ejerciendo nuestros derechos, porque nadie nos ha regalado nada. Así llegamos a este momento político, cargadas de historia, con grandes referentes, con muchas motivaciones. Vamos amigas, compañeras, ciudadanas, participemos. Como siempre digo, este sigue siendo nuestro tiempo.

Incidamos en el cambio

Han transcurrido cinco días desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a la ciudadana a participar en los concursos públicos para designar a las dos comisiones ciudadanas que nombrarán a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y a los y las vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Cada comisión estará conformada por diez personas, cinco de ellas provienen de la ciudadanía y ello le reviste de gran importancia porque es un espacio donde la ciudadanía puede incidir directamente.
Este espacio, que se creó con la Constitución redactada en Montecristi y ratificada por más del 60% de la población en las urnas, debe ser tomado por la ciudadanía para provocar los cambios que ha propugnado desde hace varios años, pues la designación de las autoridades de control definitivamente tienen nuevos mecanismos: concurso de oposición y méritos, y proceso de impugnaciones bajo la vigilancia de las veedurías. Es decir, no serán autoridades negociadas ni impuestas por los poderes políticos quienes nombrarán; en estos mecanismos de designación la presencia ciudadana es notable y activa, ya que participa como comisionado(a) ciudadano(a), como aspirante a autoridad o como veedor(a) de los procesos.
Sin duda estas nuevas formas de designación marcan una ruptura con el pasado y por ello es importante que los ciudadanos y ciudadanas se involucren, y en esta primera invitación que hemos hechos en el Consejo, presenten sus carpetas para los dos concursos de méritos que nombrarán a las dos comisiones ciudadanas: una para designar la primera autoridad de la Fiscalía y otra para vocales del Consejo de la Judicatura. En cada concurso, los 30 participantes mejores puntuados ingresarán a un sorteo público y de allí saldrán los cinco delegados(as) ciudadanos por comisión.
Entonces, la invitación está hecha. Participemos e incidamos directamente en el cambio.

Participemos y fortalezcamos la democracia

Desde este lunes 4 de octubre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) empezará a receptar las carpetas de las personas que estén dispuestas a conformar las dos comisiones ciudadanas que elegirán a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y los y las vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

La participación de la ciudadanía en estos procesos es de vital importancia, porque son acciones que fortalecen nuestra institucionalidad, más ahora que nuestro país ha vivido un episodio triste de su historia. Sin embargo, la Constitución y la democracia prevalecieron porque los ecuatorianos y ecuatorianas creemos firmemente en la legalidad, en el derecho, en la paz y en la justicia. 

Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estamos convencidos de que nuestro aporte para fortalecer la democracia es promover la participación de la ciudadanía en procesos como la designación de las autoridades. ¿Por qué? Porque la ciudadanía interviene directamente en decisiones trascendentales, porque es actor activo, porque no es un expectante más, porque en definitiva incide en los cambios. 

La convocatoria está hecha, participemos, involucrémonos, seamos parte activa del fortalecimiento de nuestra democracia. Nuestro país lo necesita, es nuestro tiempo. 

REQUISITOS PARA SER COMISIONADO o COMISIONADA:

1. Ser ecuatoriano o ecuatoriana, lo que será acreditado con la copia notariada de la cédula de ciudadanía;

2. Estar en goce de los derechos de participación, acreditado mediante una declaración juramentada que indique no encontrarse incurso en las causales de suspensión previstas en el Art. 14 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador - Código de la Democracia;

3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;

4. Acreditar probidad notoria reconocida en el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan manejado, desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. La acreditación de este requisito se realizará mediante declaración juramentada en el formato único, otorgada ante Notario Público y el Certificado de Responsabilidades y/o cauciones otorgado por la Contraloría General del Estado. Los ciudadanos o ciudadanas domiciliadas en el exterior deberán efectuar las declaraciones juramentadas ante el respectivo consulado; y,

5. Demostrar conocimiento o experiencia, en temas de organización, participación ciudadana, control social o en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a designarse.

Los y las postulantes deberán adjuntar su hoja de vida en base al formulario respectivo, disponible en las oficinas que el CPCCS autorice o en la página web institucional.

Cada organización social postulará un único candidato o candidata por Comisión Ciudadana de Selección y cada ciudadana o ciudadano podrá postularse para una sola Comisión Ciudadana de Selección. En caso de organizaciones sociales se adjuntará la carta de auspicio debidamente motivada.

El o la postulante será responsable por cualquier falsedad o inexactitud en la solicitud o en la documentación presentada lo que dará lugar a su descalificación, sin perjuicio a las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

PROHIBICIONES: NO PODRÁN POSTULARSE PARA SER DESIGNADOS COMISIONADOS Y COMISIONADAS QUIENES:

1. Se hallaren en interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;

2. Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista;

3. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento de alguna infracción de las tipificadas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador - Código de la Democracia, con esa sanción;

4. Mantengan contratos con el Estado como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas, para la adquisición de bienes, ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales;

5. No hayan cumplido con las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado o sancionada por violencia intrafamiliar o de género;

6. Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;

7. Hayan sido sentenciados o sentenciadas por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio;

8. Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas;

9. En los últimos dos años hayan sido o sean directivos o directivas de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral y/o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso;

10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos;

11. Adeuden pensiones alimenticias, debidamente certificadas por la autoridad judicial competente;

12. Sea cónyuge, tenga unión de hecho sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;

13. Sea cónyuge, mantenga unión de hecho o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección. De ocurrir el caso se sorteará a quien deba excluirse del proceso;

14. El o la que en ejercicio de sus funciones públicas se le haya establecido una responsabilidad administrativa civil o penal; y,

15. Incurran en las demás prohibiciones que determine la Constitución y la ley.

El o la postulante acreditará no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas, mediante una declaración juramentada en el formato único, otorgada ante Notario Público.

Para demostrar que el o la postulante no está incurso en las prohibiciones establecidas en los numerales 4, 8 y 14 adjuntará al expediente el certificado de no mantener contratos con el Estado otorgado por el Instituto Nacional de Compras Públicas, INCOP, el certificado de no adeudar al Servicio de Rentas Internas, y el Certificado de Responsabilidades y/o cauciones otorgado por la Contraloría General del Estado.

Más información en http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec

Cronograma de capacitaciones para veedores y veedoras

La capacitación a los veedores empieza hoy

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social, empieza hoy el Plan de Inducción a los veedores y veedoras inscritos para el proceso de conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección que designarán a las autoridades del Estado.
De acuerdo con la planificación interna del Consejo, los veedores serán capacitados en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Ambato, Tena y Machala.
El proceso de capacitación incluye a todos los veedores inscritos que cumplieron con los requisitos determinados en el Reglamento, tanto para la designación del primer bloque de autoridades -Fiscal General del Estado y Consejo de la Judicatura- como para las autoridades que se designarán mediante ternas envidadas por el Ejecutivo para designar a las primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros, y Superintendencia de Telecomunicaciones.
En cumplimiento del Reglamento de Veedurías Ciudadanas para la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección se elaboró un cronograma para el plan de inducción que se iniciará en Quito, con la participación de veedores de las provincias de Pichincha, Carchi e Imbabura.

El compromiso es luchar contra la corrupción

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene, entre sus responsabilidades, impulsar la lucha contra la corrupción en el país. Es un mandato constitucional (artículos 204-208) y legal para que implemente políticas, programas y proyectos con miras a cumplir con este objetivo. El primer paso que dio el Consejo fue crear las secretarías técnicas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y de Participación Ciudadana y Control Social que trabajan con una planificación orientada a que la ciudadanía lidere el control social y que las instituciones públicas implementen prácticas transparentes.
De las dos secretarías, la de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tiene como misión “promover la participación ciudadana y el control social a través de políticas y estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción, además de establecer los mecanismos orientados a atender los pedidos y quejas de la ciudadanía, investigar las denuncias sobre actos u omisiones que afectan los derechos de participación, generan corrupción o vayan en contra del interés social”.
La Secretaría tiene un plazo establecido por el Reglamento de Investigaciones, aprobado por el Consejo, para resolver las 2638 denuncias heredadas de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA) y las 291 de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC). Ese plazo es de 180 días que vence el 15 de marzo de 2011, tiempo en el que debe estar listo el informe para conocer cuántas causas serán admitidas e investigadas. Sobre los 312 casos receptados por el CPCCS Transitorio, el informe final deberá presentarse hasta el 8 de noviembre de 2010.

Estos plazos fueron fijados en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Investigaciones que dice: La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sustanciará todas las denuncias no tramitadas por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción - CCCC y la Secretaría Nacional Anticorrupción - SNA entidades no establecidas en la Constitución vigente. Los expedientes provenientes de dichas entidades, cuyo resultado del análisis determine su admisibilidad serán tramitadas de conformidad al presente reglamento dentro de un término máximo de ciento ochenta días. (…) Y, “las denuncias presentadas ante el CPCCS transitorio, ingresarán al análisis de admisión y serán evacuadas dentro de un término de 90 días”.
En los cinco meses que hemos estado en funciones, hemos conformado los equipos de trabajo y estructurado los reglamentos para que la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tenga un marco legal para actuar, además de las normas superiores. El Consejo, a diferencia de los anteriores organismos, ahora es parte procesal de los juicios, es decir, debe actuar patrocinando las causas sobre las cuales realizó una investigación en el marco de su competencia. Ante esta facultad, nuestro compromiso con la ciudadanía es proceder con absoluto apego a la Constitución y a las leyes para garantizar los derechos de las personas y combatir la corrupción.

1166 veedurías para la designación de autoridades

El martes 10 de Agosto, a la media noche, 1166 personas confirmaron su voluntad de participar en la observancia de los procesos de designación de las autoridades que nombrará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La Convocatoria tuvo acogida: en dos semanas hubo 2435 preinscritos a nivel nacional y 44 a nivel internacional, al final los 1166 cumplieron con todos los requisitos para participar.
Ese voto de confianza de la ciudadanía nos motiva y hace que nuestro trabajo sea más riguroso, personalmente me siento más comprometida, pues se trata de procesos que a más de complejos, son inéditos. El país no ha tenido experiencias de concursos públicos de esta naturaleza, y de lo que tenemos conocimiento, al menos en América Latina, tampoco se han registrado procesos de esta naturaleza.
A continuación encontrarán el cuadro de veedores inscritos para que conozcan en cifras el interés de vigilancia de la ciudadanía.

Un evento con la ciudadanía en Guayaquil

Amigos y amigas:
Este viernes, desde las 09:30, vamos a realizar un evento informativo para la ciudadanía sobre el proceso de designación de autoridades de control en la ciudad de Guayaquil. El evento se realizará en el Auditorio del Banco Central, ubicado en la avenida Pichincha y 9 de Octubre.
Una vez más les pido que nos acompañen, pues van a estar presentes todos los consejeros y consejeras y me parece que será una oportunidad importante para absolver dudas y recibir sugerencias.
El martes estuvimos en Cuenca. Fue muy interesante escuchar a representantes de la sociedad civil de esta ciudad expresando sus dudas, pero lo más relevante, para mí, fue el ánimo de la gente, su intención de involucrarse, ese espíritu fuerte de querer hacer bien las cosas para cambiar el país.
Tengo la confianza de que en Guayaquil será una reunión muy fructífera, pues el Consejo ha empezado a acercarse con más fuerza a la ciudadanía y la respuesta de la gente nos motiva. Siempre he dicho que estos procesos y que el trabajo mismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se sostiene en la participación, en la vigilancia, en la crítica, en los aportes de la ciudadanía.
Están cordialmente invitados al evento este viernes en Guayaquil. Necesitamos de ustedes.

Necesitamos que las veedurías vigilen los procesos de selección de autoridades

Ayer, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo la convocatoria pública a los ciudadanos y ciudadanas a organizar las veedurías para vigilar los procesos de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General, de la Procuraduría General y de las superintendencias de Bancos y Seguros, Compañías y de Telecomunicaciones.
Las veedurías son esenciales para estos concursos públicos. Son la mirada objetiva, la observación oportuna, la crítica imperiosa, el aporte ineludible y hasta la denuncia, si es necesario, para evitar que los procesos se afecten por trampas, por injerencias peligrosas, por intereses poco democráticos.
Es importante darle el mérito que merece esta nueva forma de elegir autoridades, pues solo mirando el pasado reciente, es indiscutible que hay valores agregados. ¿Cuándo una designación de autoridad se hacía con veedurías ciudadanas, con impugnaciones? Ahora, personas de cualquier sector del país, sin importar su nivel de educación, sus recursos económicos, su origen… pueden observar estos procesos. Hasta hace poco, la designación de autoridades de control era un derecho exclusivo de las clases políticas y económicas que gobernaban el país, por ello, es injusto negar este cambio en la manera de designar autoridades.
No pretendo asegurar que estos procesos sean perfectos, es más, creo que siempre habrá mejores formas de llevarlos adelante. Pero es razonable reconocer que son distintos porque no se harán entre cuatro paredes; porque estarán bajo escrutinio público; porque los medios de comunicación no especularán con una lista de nombres sobre los cuales se contarán votos; porque no será un proceso sin control social; porque la información será pública; porque este es un tiempo distinto.
Amigas, amigos, necesitamos de su apoyo, de su participación cívica, de su aporte ciudadano. Organicen las veedurías, vigilen estos procesos, acompáñennos, hagan su parte en esta forma distinta de elegir autoridades de control.

Una ceremonia para presentar los concursos

El Consejo remitió la invitación para la ceremonia de inicio de los procesos de selección de autoridades de control. Se realizará este lunes, a las 17:00 en el museo de la ciudad en Quito.
El Consejo tiene previsto llegar con su mensaje a otras ciudades del país, ante lo cual en su debido momento les informaré.
Aspiro a que nos puedan acompañar este lunes, es muy importante para el bien de estos procesos contar con ustedes.

El Consejo fijó las reglas para elegir las comisiones ciudadanas

El reglamento para elegir las comisiones ciudadanas, que nombrarán a las nuevas autoridades de control, está listo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha fijado unas reglas que promueven y facilitan la participación ciudadana, pues sobre la base de la Constitución y la Ley, valora y reconoce el liderazgo de los ciudadanos y ciudadanas, su trabajo comunitario, sus esfuerzos por hacer control social, su preparación académica, sus conocimientos y buenas prácticas en derechos humanos y género, entre otros méritos.
Para cada proceso de elección de autoridades se nombrará una comisión, por ello es importante la participación de la gente, su intervención en la vida pública es una garantía para tener procesos transparentes que se cumplan al rigor de la Constitución y la Ley. Esa participación es urgente y necesaria, esa participación es una demostración del ejercicio de los derechos de la ciudadanía y un compromiso con nuestro país.
Hago un llamado a las mujeres y hombres del Ecuador a que se integren a este proceso, a que preparen desde ya sus carpetas y las presenten sobre la base de los requisitos que constan a continuación. Esa participación es la máxima garantía de que profesionales probos y bien preparados sean elegidos para dirigir las instituciones de control del Estado.

Requisitos para ser comisionado o comisionada (artículo 8):

1. Ser ecuatoriano o ecuatoriana, lo que será acreditado con la copia notariada de la cédula de ciudadanía;
2. Estar en goce de los derechos de participación, acreditado mediante una declaración juramentada que indique no encontrarse incurso en las causales de suspensión previstas en el Art. 14 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia;
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;
4. Acreditar probidad notoria reconocida en el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan manejado, desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. La acreditación de este requisito se realizará mediante declaración juramentada en el formato único, otorgada ante Notario Público y el Certificado de Responsabilidades y/o Cauciones otorgado por la Contraloría General del Estado. Los ciudadanos o ciudadanas domiciliados en el exterior deberán efectuar las declaraciones juramentadas ante el respectivo cónsul;
5. Demostrar conocimiento o experiencia en temas de organización, participación ciudadana, control social o en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a designarse.

Prohibiciones (artículo 9):
1. Se hallaren en interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;
2. Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista;
3. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento de alguna infracción de las tipificadas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia, con esa sanción;
4. Mantengan contratos con el Estado como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas, para la adquisición de bienes, ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales;
5. No hayan cumplido con las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género;
6. Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;
7. Hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio;
8. Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas;
9. En los últimos dos años hayan sido o sean directivos/as de partidos o movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral y/o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso;
10. Sean juezas y jueces de la Función Judicial, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, Secretarios, Ministros de Estado, y miembros del servicio exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para su inscripción;
11. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos;
12. Adeuden pensiones alimenticias, debidamente certificadas por la autoridad judicial competente;
13. Sea cónyuge, tenga unión de hecho sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
14. Sea cónyuge, mantenga unión de hecho o sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección. De ocurrir el caso se sorteara a quien deba excluirse del proceso;
15. El que en ejercicio de sus funciones públicas se le haya establecido una responsabilidad administrativa civil o penal; y,
16. Incurran en las demás prohibiciones que determine la Constitución y la Ley.

El proceso para nombrar las comisiones ciudadanas estará bajo el escrutinio público

Hoy el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizó el primer debate del Reglamento para designar a las Comisiones Ciudadanas que serán las responsables de elegir a las autoridades de control mediante concurso de oposición y merecimientos. Es decir, cinco representantes del Estado y cinco representantes de la ciudadanía van a ser quienes nombren al Fiscal, Consejo de la Judicatura, Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público…
Los candidatos que provengan de la ciudadanía deberán participar en un concurso de merecimientos que consta de tres partes básicas: pasar la faceta de cumplimiento de requisitos formales; recibir una puntuación por su participación social, académica, formativa, organizativa, etc.; y, pasar por el escrutinio público, es decir, los candidatos y candidatas deberán someterse a un proceso de impugnaciones como una de las formas más relevantes de garantizar que sean ciudadanas y ciudadanos probos quienes sean designados.
El resultado de este proceso es que 30 personas de la sociedad civil ecuatoriana serán elegidas respetando el orden de prelación, paridad y alternancia. Estas 30 personas, mujeres y hombres, serán sometidas a un sorteo público del cual saldrán los cinco comisionados(as) de la ciudadanía.
En las comisiones ciudadanas también estarán cinco delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Control Social y Electoral. Sus nombres también estarán bajo el escrutinio público, no se integrarán a las Comisiones si su probidad notoria está en duda, si sobre él o ella hay sospechas de procedimientos que pudieran haberse dado al margen de la Ley, si hay denuncias de violencia familiar sancionadas o si no han pagado las pensiones de sus hijos, es decir, que ser candidatos de las funciones del Estado no significa que automáticamente serán designados comisionados.
Además de las impugnaciones públicas, la designación de las comisiones ciudadanas estarán vigiladas por veedurías ciudadanas nacionales y, si es posible, internacionales. Estas veedurías funcionarán bajo el reglamento que aprobó el Pleno del Consejo el 16 de junio pasado y tendrán como misión observar todo el proceso, ser los ojos de la ciudadanía, aportar a la transparencia y denunciar irregularidades si fuera el caso.
El proceso será público y abierto a la sociedad en general, a las veedurías, a los medios de comunicación; la información será de fácil acceso. La ciudadanía no puede dejar solo al Consejo en este proceso ni en ningún otro. Su participación es vital para garantizar la transparencia, su participación es vital para legitimar lo que constitucional y legalmente ha sido establecido.

Las autoridades en transición pueden participar, así lo dispone la Ley

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene previsto iniciar los procesos de selección de autoridades de control el 12 de julio. Hasta esa fecha, el Consejo está dedicado a elaborar los reglamentos que viabilizarán los concursos como lo disponen la Constitución y la Ley.
¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que consideren cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley, y que estén dispuestas a participar en los concursos públicos que debe desarrollar el Consejo. No obstante, ante la duda de si las autoridades en transición pueden participar, la respuesta está en la transitoria octava de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobada por la Asamblea Nacional: “Para los procesos de selección de autoridades, las autoridades encargadas por la Asamblea Constituyente y las autoridades designadas mediante el procedimiento establecido por el Régimen de Transición podrán participar en el proceso de selección de sus reemplazos previa su renuncia, a excepción de las y los miembros del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la Constitución y la Ley, quienes podrán participar en los procesos de designación de autoridades de las demás funciones del Estado distintas de la Función Electoral y de la Transparencia y Control Social”.
Este artículo es absolutamente claro: las autoridades que fueron nombradas por la Asamblea Constitucional para realizar la transición no están impedidas de volver a participar, para lo cual deben renunciar a sus cargos y como la Ley no establece plazos, la renuncia la pueden presentar hasta un día antes de la convocatoria que haga el Consejo. La excepción, como dice la propia Ley, se aplica a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de la Judicatura, el Fiscal de la Nación, por citar los ejemplos más evidentes, pueden volver a participar. Sin embargo, es importante que la ciudadanía tenga la certeza de que haber sido autoridad de estas funciones del Estado, no significa que serán automáticamente elegidos. Todas las personas deberán participar y ganar los concursos de oposición y méritos para ser autoridad, para todos los participantes las reglas serán las mismas y todos los participantes deberán someterse al escrutinio público mediante las impugnaciones que hará la sociedad.
En cambio, cuando las autoridades ya sean nombradas para el ejercicio completo de sus funciones, es decir, no de manera transitoria y quieran participar nuevamente en los concursos de designación, deberán renunciar 180 días antes de la convocatoria para que puedan concursar. Así lo establece el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: “La primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procuraduría General del Estado y Superintendencias, las representaciones ciudadanas a los distintos organismos y cuerpos colegiados, podrán participar en los procesos de selección para la designación de sus reemplazos, previa renuncia 180 días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas y no podrán participar en dichos procedimientos si ya hubiesen ocupado el mismo cargo por dos períodos, a excepción de las autoridades con prohibición expresa establecida en la Constitución y la Ley”.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a hacer el máximo esfuerzo para garantizar estándares de transparencia, de acceso a información y de participación ciudadana. Yo estoy convencida que la participación de los ciudadanos y ciudadanas es vital para incidir en el buen desenvolvimiento de estos procesos. La ciudadanía tiene que participar como veedora, candidatizarse a las comisiones y a dirigir las instituciones del Estado. El Consejo por sí solo no es suficiente, se requiere que las personas se involucren, vigilen, critiquen, aporten, concursen, participen, este es el tiempo, hay que hacerlo.

La participación ciudadana es imprescindible

Al cumplir casi tres meses de gestión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentó, en la sesión del jueves 24 de junio, el cronograma final para designar a las nuevas autoridades de control. Desde esta sesión hasta mediados de julio, el Consejo debatirá y aprobará los reglamentos que regirán estos procesos y que permitirán la conformación de veedurías y comisiones ciudadanas.

Es un tiempo importante para el país, pues ha empezado a construir un proceso distinto de selección de autoridades. No será una decisión de la Asamblea Nacional, antes Congreso, la que tras un acuerdo con el Ejecutivo elija las autoridades que dirigirán la Fiscalía, Contraloría, Judicatura, etc. Serán diez personas, cinco delegadas de la sociedad civil y cinco del Estado, las que tendrán la responsabilidad de designar a profesionales idóneos para esos cargos.

Es un reto importante, es un hecho inédito en la historia del país, por ello es importante que la ciudadanía participe mediante veedurías e inscribiéndose en los concursos para conformar las comisiones ciudadanas y como candidatos(as) a Fiscal, Contralor, Procurador y vocales de la Judicatura. Este puede ser el inicio de un tiempo mejor para el país, porque la participación es la manera más demoráctica de incidir realmente en la transformación del Estado.

El proceso de elección de autoridades de control camina

La sesión del 17 de junio del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvo dos resultados importantes: se aprobaron el presupuesto y la planificación del Consejo, y el presupuesto y la ruta para elegir las autoridades de control. Los siete consejeros y consejeras estuvimos de acuerdo con la propuesta bajo la cual el Consejo termina de institucionalizarse y empieza a recorrer el camino para cumplir con el mandato constitucional.

Para esta gran tarea, el Consejo ha previsto invertir 3.328.415 dólares que evidencian un gasto mesurado, en extremo austero, con indicadores, metas y cronogramas de trabajo para cumplir con los objetivos institucionales. Además, 621.093,95 dólares en la conformación de las delegaciones provinciales que desconcentrarán el trabajo del CPCCS.

 

PRESUPUESTO DEL CPCCS
Participación	470.950
Relaciones internacionales	33.600
Administrativo	302.050
Transparencia	504.935
Recursos Humanos	1.348.350
Tecnológico	489.130
Planificación	53.900
Comunicación	70.500
Interculturalidad	55.000
Delegaciones provinciales	621.093,95
Total gasto proyectado	3.949.509,00

 

El otro punto relevante fue definir los pasos que va a dar el Consejo para elegir las autoridades de control, con miras a que la próxima semana contemos con las fechas tentativas del cronograma. Hay gran expectativa por el inicio de estos procesos, sobre los cuales está prevista una inversión de 2.334.764,38 dólares que financiarán este año la selección de autoridades de control por ternas, fiscal, los vocales del Consejo de la Judicatura y dos comisiones ciudadanas. Así, el mapa de ruta es el siguiente:

 

1. Análisis y aprobación de los lineamientos generales para convocatoria a Comisiones Ciudadanas y Autoridades

2. Eje de trabajo jurídico: Revisión de los Reglamentos e Instructivos

3. Eje tecnológico: Contratación de Software y equipos

4. Eje comunicacional: Campaña de difusión ciudadana

5. Eje de desconcentración de oficinas provinciales

6. Convocatoria general de inscripción de veeduría

7. Convocatoria general a inscripciones a comisiones ciudadanas

8. Convocatoria a designaciones de autoridades

9. Convocatoria a concursos para nominar a autoridades de cuerpos colegiados y uninominales por bloques

 

Es importante que la ciudadanía comprenda que la elección de las autoridades no depende exclusivamente de la voluntad de los consejeros y consejeras. Se deben cumplir con los requisitos que imponen la Constitución y Ley y por tanto con plazos específicos que necesariamente se deben cumplir para garantizar unos procesos justos, transparentes que permitan nombrar la mejor gente.

 

Saludos cordiales,

Tatiana Ordeñana

Consejera